Tener una línea anónima de denuncia, contar con un equipo externo de investigación y difundir el código de ética de la compañía son algunas de las recomendaciones de la SFP y el sector privado.
Los sobornos que se pagan en México equivalen a 1,000 millones de dólares anuales —3% del PIB—, lo que además de generar costos económicos y sociales, como la pérdida de confianza en las instituciones, también afecta al sector privado y la generación de empresas, advierte la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez.
“El 50% de los empresarios considera que su negocio está afectado por la corrupción, erogando 10% de su ganancia en pagos extraoficiales”, dice la secretaria, quien en junio firmó un convenio con empresarios para implementar el Modelo de Programa de Integridad Empresarial.
Se trata de un manual elaborado por la SFP, con base en recomendaciones del sector privado y de organismos internacionales, cuya finalidad es dar a las empresas sugerencias, buenas prácticas y lineamientos generales para que actúen de manera íntegra. Entre otras acciones, se les recomienda tener un “equipo forense” para investigar posibles ilícitos, difundir códigos de ética entre sus empleados y establecer un adecuado proceso de denuncia de irregularidades.
Aquí te presentamos los siete puntos clave del documento, que fue consensuado con organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Cámara Internacional de Comercio (ICC México), y que recibió observaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
1. El libro del deber
La primera recomendación es elaborar un manual de organización y procedimientos claro y completo, en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de las áreas y empleados, y se promueva el respeto a las normas internas y la rendición de cuentas de la empresa.
De acuerdo con esta sugerencia, los directivos y altos mandos de la compañía deben adoptar compromisos para prevenir e inhibir la corrupción, y las compañías o proveedores contratados deben adherirse también a esta política de integridad.
2. El código de buena conducta
Otro punto es elaborar lineamientos generales para contar con códigos de ética, integridad y conducta que prevengan y promuevan el correcto, honorable y debido ejercicio de las actividades comerciales, así como protocolos de actuación en las áreas más vulnerables.
En ese aspecto, se sugiere revisar los códigos actuales para que correspondan a los estándares internacionales y comunicar estas reglas a todos los empleados, socios y proveedores. Además, es importante tomar medidas para su aplicabilidad y procedimientos de sanción, para que no se queden sólo como documentos enunciativos.
3. Mecanismos de vigilancia
Ya con un manual interno y códigos de ética, se recomienda crear mecanismos de vigilancia, control y cumplimiento de los estándares de integridad en toda la organización.
Se pide poner atención en las áreas de ventas, contrataciones, recursos humanos, contacto o relaciones con el sector público, contacto o relaciones con otros sectores o empresas, y exigir probidad a socios comerciales o de negocios: empresas subsidiarias o conjuntas, uniones temporales, agentes intermediarios y representantes, proveedores y contratistas.
El modelo pone como ejemplo a la empresa SASOL, de Sudáfrica, que tiene un “equipo forense” encargado de investigar cualquier indicio de corrupción o actividades sospechosas.
4. Denunciantes anónimos
De acuerdo con el modelo, tanto al interior de la organización como hacia las autoridades competentes se debe contar con mecanismos de denuncia efectivos que rompan con el ciclo de la corrupción y la impunidad.
Para ello, las empresas y las entidades y dependencias públicas deben informar dónde y cómo reportar o denunciar un posible acto de corrupción, establecer canales de denuncia que permitan mantener la confidencialidad y la integridad del denunciante —como una línea o correo electrónico—, y tener mecanismos de recepción, seguimiento y resolución de denuncias (siempre protegiendo al denunciante de posibles represalias).
La empresa Rio Tinto, de Reino Unido, tiene una línea telefónica confidencial manejada por personal independiente.
La SFP y el sector privado presentaron en junio un manual para prevenir actos de corrupción en las empresas.
Pacto contra la corrupción La SFP y el sector privado presentaron en junio un manual para prevenir actos de corrupción en las empresas. (Foto: Cortesía SFP)
5. Entrenamiento y capacitación
Se recomienda también que las empresas implementen programas de capacitación y educativos para sus empleados en materias como ética, código de conducta de la empresa, prácticas anticorrupción y antisoborno, y prevención y gestión de conflictos de intereses.
Además, se sugiere poner atención al personal involucrado en actividades sensibles, socializar las mejores prácticas en foros, seminarios o mesas se trabajo, e intercambiar experiencias con otras empresas y la sociedad civil.
6. Evitar empleados tóxicos
El modelo sugiere generar políticas de recursos humanos que eviten la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación, siempre y cuando no se discrimine a ninguna persona por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra razón que atente contra los derechos humanos.
Asimismo, se recomienda alentar a los empleados a seguir la normatividad en anticorrupción y reconocer al personal destacado en el cumplimiento de la política de integridad, por ejemplo, como lo hace SASOL con sus Ethics Champions.
7. Máxima transparencia
Otro punto es establecer mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de los intereses empresariales, como presentar un manifiesto de vínculos o relaciones con servidores públicos, hacer pactos y convenios de integridad con otras empresas y con el sector público, y publicar la política de integridad de la empresa.
¿Y el papel de la SFP?
Además de presentar el modelo, la dependencia encargada de vigilar el comportamiento de los servidores públicos señala que desde su trinchera brinda asesoría sobre la legislación anticorrupción, programas de ética y medidas para prevenir y detectar la corrupción.
Asimismo, implementa incentivos no monetarios para las empresas que alerten de riesgos en trámites y procesos de contratación, y para aquellos organismos privados que implementen acciones concretas para combatir este delito.
La SFP trabaja junto con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y otras asociaciones académicas y sociales para publicar una “lista blanca” y una “lista negra” de compañías.
Por último, hace cuatro recomendaciones para el sector privado, como programas de incentivos no pecuniarios para los empleados que destaquen por su probidad; reducir los espacios de impunidad asegurando que las sanciones se apliquen conforme a la ley; hacer convenios o pactos con el sector público, incluso estableciendo figuras como el ombudsman empresarial, y establecer criterios mínimos para participar en licitaciones públicas.