La subcontratación laboral, conocida como outsourcing, es hoy en día una práctica común entre las empresas en México, permite enfocarse en sus líneas de negocio, mientras contratan a otras compañías que atiendan distintas actividades no prioritarias para la operación del negocio.
Para este año las obligaciones fiscales de las organizaciones cambiaron de forma importante, como resultado de la reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicada en diciembre de 2019.
Si las empresas desean deducir los gastos realizados por el pago de servicios de subcontratación laboral, las compañías deben retener y enterar 6% del valor de esa contraprestación, por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Antes si una compañía deseaba deducir ante la autoridad los gastos de este tipo de servicios, esta estaba obligada a cumplir con una gran cantidad de requisitos, entre ellos:
- Obtener, por parte de la empresa contratista, los recibos de nómina del personal suministrado para la prestación de servicios.
- Demostrar que se realizó el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en sueldos.
- Obtener también evidencia del pago de las contribuciones de seguridad social por parte del patrón.
- Y que se haya enterado el IVA atribuible a estos servicios.
Ahora debido a la reforma, únicamente deben retener el IVA correspondiente al porcentaje establecido por la ley, independientemente del nombre con el que se designen los servicios de outsourcing contratados, lo que simplifica el proceso y lo hace más práctico.
Todo esto tiene como propósito la subcontratación ilegal, una práctica donde la empresa contratante solicita suministro de personal a otra intermediaria para llevar a cabo actividades, pero mediante la cual, la empresa contratista, evade el pago de impuestos y limita o elimina las prestaciones y derechos de los trabajadores. Esta situación afecta, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a 5 millones de trabajadores.
Con este cambio, la autoridad garantiza cuando menos un tercio de la recaudación del IVA por parte de estas empresas de outsourcing, y da un primer paso para lograr su fiscalización.
